¿Necesitas un seguro de Responsabilidad Medioambiental?

• La Ley de Responsabilidad Medioambiental tiene como objetivo fomentar la adoptación de medidas de gestión del riesgo para reducir los accidentes que puedan causar daños al medioambiente y limitar sus consecuencias. La Ley regula la responsabilidad de los daños incluso antes de que se produzcan. Ante una amenaza inminente de daño ambiental, el operador responsable tiene que adoptar de inmediato las medidas de evitación y prevención, y en aquellos casos en que los daños lleguen a producirse, asegurar una rápida y adecuada reparación.
• Es una responsabilidad administrativa (no civil): Corresponde a las comunidades autónomas (sin perjuicio de las competencias de la Administración General del Estado) hacer cumplir la Ley 26/2007.
• Es una responsabilidad ilimitada: El operador responsable está obligado a adoptar el coste de todas las medidas de prevención, evitación y reparación que sean necesarias para restaurar el entorno natural dañado.
• Se basa en daño ambiental: Se basa en un régimen de protección daños y amenaza de daños al suelo, a las aguas superficiales y subterráneas, a las riberas del mar y de las rías, especies de flora y fauna silvestres, así como a los hábitats protegidos.
• La responsabilidad se extiende hasta 30 años desde que tuvo lugar el incidente que causó el daño ambiental.

Las actividades que constan listadas en el Anexo III de la Ley de Responsabilidad Medioambiental 26/2007, con independencia de la facturación o el tamaño de la empresa, están obligadas a constituir Garantía Financiera Obligatoria. La garantía es el instrumento que garantiza que el operador dispone de recursos económicos suficientes para hacer frente a la responsabilidad medioambiental derivada de su actividad.

Importante tener en cuenta que la no obligatoriedad de constituir Garantía Financiera no exime de responsabilidad.

Las actividades se han clasificado en 3 niveles de orden de prioridad. La priorización de actividad se basa en un criterio de potencialidad del impacto ambiental de dichas actividades.

Las fechas límite para la implantación de Garantía Financiera Obligatoria es el siguiente:

1. Nivel prioridad 1 desde 31/10/2018: Por ejemplo, instalaciones donde aplica normativa Seveso, centrales térmicas de alta potencia o instalaciones de valorización de residuos peligrosos, entre otras.
2. Nivel prioridad 2 desde 31/10/2019: Por ejemplo, vertederos, fundiciones o refinerías, entre otras.
3. Nivel prioridad 3: desde 16/10/2021. Por ejemplo, buena parte de la industria agroalimentaria, fabricación y producción de metales o instalaciones productos químicos, entre otras. .

Los operadores una vez han realizado el Análisis de Riesgos Medioambientales de su instalación:

• Si la cuantificación económica del daño ambiental se cuantifica por una cantidad inferior a 300.000 €, el operador queda exento de constituir Garantía Financiera.
• Si la cuantificación económica de los daños asciende hasta 2Mio€, y la empresa está adherida a un sistema de gestión y auditoría ambiental (EMAS o ISO 14001), el operador queda exento de constituir Garantía Financiera.
• La utilización con fines agropecuarios y forestales de los productos fitosanitarios y biocidas.

Tanto si el operador está obligado o queda exento, tiene que presentar Declaración Responsable ante la autoridad competente.

No obstante, aunque una empresa quede exenta de constituir Garantía Financiera Obligatoria, puede contratar una póliza de Responsabilidad Medioambiental (voluntaria), con todas las coberturas amplias para protegerse del inherente riesgo ambiental de la propia actividad.

• Aval bancario.
• Reserva técnica ad hoc.
• Póliza de seguros que cubre el riesgo medioambiental de la instalación.

La modalidad de Garantía Financiera Obligatoria mediante póliza de seguros es la más beneficiosa para la empresa porque permite prolongar la cobertura del seguro gracias al Fondo de Compensación de Daños Medioambientales (FCDM).

El FCDM está gestionado y administrado por el Consorcio y se constituye con las aportaciones de los operadores obligados a constituir Garantía Financiera Obligatoria (8% recargo sobre la prima neta del seguro).